Se cuestiona la potestad de Argentina para sancionar a empresas que operan en las Malvinas, dado su rol de país deudor y su limitada capacidad de acción internacional.
Se compara la postura actual con la del kirchnerismo, señalando que la estrategia de "embarrar la cancha" a empresas internacionales en territorios en disputa no es nueva.
Se debate la viabilidad de la explotación asociada de recursos en Malvinas y se critica la idea de negociar la soberanía, calificándola de "vergüenza ajena".