Se destaca la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que unificará las políticas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para proteger el Atlántico Sur. Se enfatiza que esta es una cuestión de seguridad nacional y no solo política.
Se menciona la modificación de la ley anterior para endurecer las sanciones a empresas involucradas en operaciones no autorizadas, prohibiendo su operación en suelo argentino y aplicando el juicio en ausencia. La ley también busca proteger la infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima.