Se critica la postura de un ministro que consideró el derribo de una avioneta narco como homicidio agravado, contrastando con la legislación de países como Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile.
Se señala que el gobierno de Javier Milei, a pesar de tener la ley de derribos como bandera política, no ha logrado sancionarla ni implementarla efectivamente.