Se debate la capacidad de coerción del gobierno argentino para sancionar a empresas que operan en las Islas Malvinas sin autorización, especialmente aquellas vinculadas a la extracción de petróleo.
Se plantea la dificultad logística y el riesgo de sanciones para proveedores argentinos que colaboren con estas operaciones, así como la influencia de la política estadounidense y las próximas elecciones en Israel en las decisiones empresariales.