Se debatió sobre la nueva ley de justicia juvenil, haciendo hincapié en que las leyes penales no son la solución principal para los problemas sociales, sino que estas últimas deben abordarse a través de políticas sociales.
Se resaltó la importancia de que las políticas públicas sean transparentes, democráticas y racionales, y que se exija información cuantitativa confiable a los responsables de su implementación.
Se mencionó la necesidad de involucrar a la comunidad y construir comunidad en la escuela y la familia, trabajando en la justicia restaurativa y abordando los hechos que antes se resolvían en mediaciones escolares o en clubes barriales.
A pesar de las críticas, se consideró la ley como un avance significativo respecto al decreto de la dictadura, que trajo consigo condenas de reclusión perpetua a menores y sentencias de más de 25 años.