El gobierno implementó medidas a través de un decreto que exigen a las empresas interesadas en adherir al RIGI una declaración jurada sobre la no vinculación con la explotación de recursos en Malvinas. El decreto también otorga más herramientas a Cancillería para actuar en esta materia.
Se establece un plazo de cinco días hábiles para que los organismos nacionales reporten posibles infracciones a la ley y diez días hábiles para resolver sumarios relacionados con la explotación de recursos en las islas.