Se señala que la aplicación de la ley vigente sobre Malvinas, que data de 2011, ha sido históricamente gris y burocrática, requiriendo un trabajo sistemático para su cumplimiento efectivo.
Para que la ley funcione, es crucial la colaboración de la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores, que deben monitorear detalladamente la composición accionaria de las empresas involucradas en operaciones en las islas.