El gobierno nacional ha iniciado la aplicación de sanciones bajo la ley 26.659 contra 45 empresas y sujetos civiles por la extracción o utilización de recursos en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La Cancillería quedó a cargo de la aplicación de esta ley.
Se implementó un nuevo requisito para ingresar al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones): una declaración jurada que exige que ni las empresas ni sus accionistas operen en las Islas Malvinas. Esto genera potenciales conflictos legales, ya que la ley 26.659 es anterior al RIGI.
Empresas como Chevron, Noble Energy y Habor Energy, que operan en la Argentina bajo el RIGI y también en Malvinas, podrían verse afectadas. Se espera que en aproximadamente 20-25 días haya una resolución de Cancillería sobre el cumplimiento normativo de estas empresas.