El gobierno argentino, por instrucción del presidente Javier Milei, inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por violar las prohibiciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La Cancillería dispuso las sanciones tras investigar actividades vinculadas a la explotación y exploración en el territorio en disputa, amparándose en la ley 26.659.