Se enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos principales.
Primero, endurecer las sanciones contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas, incluyendo a sus proveedores y extendiendo el régimen a otras actividades que afecten recursos naturales.
Segundo, crear el Consejo de Seguridad Nacional para definir una política de seguridad obligatoria y transversal, articulando cancillería, defensa, inteligencia y economía, además de proteger la infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima.
Tercero, otorgar al Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas estatales o no estatales a la seguridad nacional.