Se discute la infraestructura necesaria para implementar la nueva ley penal juvenil, destacando que los menores no irán a cárceles sino a institutos de separación.
Se menciona la viabilidad de medidas como la pulsera electrónica con GPS para monitoreo y control, a diferencia de las tobilleras para presos con prisión domiciliaria.
Se reconoce que la implementación puede ser más difícil en algunas provincias, como Buenos Aires, pero se asegura que la tecnología y la preparación del personal existen.