La ley pinosolana, vigente desde 2011, busca sancionar a empresas que participen de actividades en las Islas Malvinas, territorio en disputa con el Reino Unido.
La normativa prevé que quienes se beneficien ilegítimamente de los británicos en suelo argentino no podrán acceder a oportunidades económicas en Argentina.
Se argumenta que Argentina tiene un poder de castigo significativo, ya que las sanciones pueden incluir la exclusión de proyectos como Vaca Muerta.
A pesar de la existencia de la ley, su cumplimiento es complejo y requiere un trabajo burocrático exhaustivo por parte de organismos como la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores.