La Ley Pino Solana de 2011, que buscaba sancionar la exploración y explotación petrolera en aguas argentinas, es un antecedente clave en la disputa por las Islas Malvinas. La ley también contemplaba la protección del medio ambiente ante los riesgos de la actividad.
A pesar de la existencia de esta ley, la exploración petrolera continúa en la región. Se menciona que 16 de los 23 pozos petroleros planeados podrían generar contaminación en caso de accidente, lo que agrava la preocupación ecológica.
El contexto de la disputa por la soberanía de las Malvinas añade una capa de complejidad a la cuestión petrolera. El acuerdo de no usufructuar la zona mientras esté en disputa es un punto clave que las empresas parecen ignorar, generando tensiones adicionales.