Se explica que la Ley 26.659, aprobada en 2011 y reforzada en 2013, establece sanciones para quienes realicen proyectos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Se aclara que la medida implementada por el gobierno de Milei no constituye una declaración de guerra, sino una firme postura diplomática y política para evitar la extracción de recursos en territorio disputado.