La ley 26.659, aprobada por unanimidad por el peronismo en 2011, fue reforzada en 2013 por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner. Se establecieron sanciones penales para quienes lleven adelante proyectos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Es importante aclarar que la Argentina no declara la guerra a ningún país, sino que busca discutir la situación de manera diplomática y política, e instalar una base naval en Tierra del Fuego para evitar la extracción de recursos de un territorio considerado propio.