Se aborda la disputa por la explotación petrolera en Malvinas, específicamente el proyecto Sea Lion, en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei. Las empresas operadoras, como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, argumentan que sus licencias son válidas y cuentan con el respaldo del gobierno británico, restando importancia a los recientes acontecimientos políticos.
Se mencionan leyes preexistentes, como la 26.659 de 2011, que prohíbe la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina y contempla sanciones e inhabilitaciones. Se destaca que empresas como Navitas Petroleum ya fueron sancionadas e inhabilitadas en 2013 y 2022, durante gobiernos anteriores al de Milei, por actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental argentina.
Adicionalmente, se comenta sobre el anuncio de la construcción de una base naval en Ushuaia, señalando que el proyecto ya existía y había comenzado en 2022, con un avance físico del 9,13% en agosto de 2026. Se cuestiona la viabilidad de estos proyectos y la situación de las Fuerzas Armadas en el contexto de ajuste económico.