El presidente Javier Milei oficializó decretos que imponen penas a empresas que exploten petróleo en las Islas Malvinas sin autorización. Además, se reforzarán las partidas destinadas a la defensa nacional, con un proyecto de ley para crear un Consejo de Seguridad Nacional que se presentará la próxima semana.
Estas medidas surgen tras la declaración de Trump y buscan evitar que Argentina sea utilizada como variable de ajuste en discusiones con el Reino Unido. Las empresas petroleras involucradas, como Ciel y Lion, aseguraron que sus permisos siguen vigentes y que las sanciones no afectarán el desarrollo de sus proyectos, aunque sus acciones cayeron hasta un 10%.
En este contexto, se destaca la iniciativa de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, un "bastión estratégico", según el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Esta base, cuya construcción se inició en 2022 y fue paralizada, se retoma ahora con fondos fiscales que no alteran el equilibrio económico del país. Servirá como centro logístico para países que operan en la Antártida y para el monitoreo del extenso territorio y espacio marítimo argentino.
Quirno aclaró que la base será puramente argentina, desmintiendo versiones de una base binacional con Estados Unidos. Sin embargo, admitió que EE.UU. podría aprovisionarse allí en el futuro, dado que ya existe una base china en el país y que dos portaaviones estadounidenses equivalen a una base argentina en términos de proyección. El gobierno también envió notas a 29 países cuyas empresas podrían operar en la cuenca petrolífera de Malvinas, advirtiendo sobre la nueva postura firme de Argentina.