A partir de mañana entra en vigencia la nueva ley penal juvenil, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años.
Se incorporan alternativas a la prisión como reparación, restricciones y servicios comunitarios, y se fija un máximo de 15 años de privación de libertad, eliminando la perpetuidad.
La ley contempla el traspaso de delitos cometidos por menores a la justicia ordinaria de la ciudad, generando debate procedimental.
Un caso reciente muestra la aplicación retroactiva de la ley: una persona condenada a 35 años podría recuperar la libertad al aplicarse la nueva normativa más benigna.
El abogado Fernando Soto explica que la ley busca que los menores respondan como adultos pero con un tratamiento diferenciado, enfocado en la reeducación y rehabilitación, aunque reconoce que no todos los casos permitirán la rehabilitación.