Se enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos. Primero, endurecer las sanciones y penas contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en las islas, extendiendo el régimen a otras actividades que afecten los recursos naturales argentinos. Los infractores no podrán contratar en suelo argentino, y se aplicará el juicio en ausencia.
Segundo, se creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Este consejo definirá marcos para la protección de infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima.
Tercero, se solicitará al Congreso facultades para que el Estado responda con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional. Se destaca que estas medidas son posibles gracias a la "normalización económica" y la quita del cepo, que han permitido acelerar la inversión.