Se enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con el objetivo de endurecer sanciones y penas contra compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en Malvinas.
Los proveedores de estos proyectos también recibirán las mismas penas, y los infractores no podrán contratar en territorio argentino, previéndose juicio en ausencia.