Se abordó la reforma de una ley impulsada por Pino Solanas, que convierte en delito penal la actividad de ciertas empresas. Se destacó la importancia de esta medida, especialmente en el contexto de disputas internacionales.
Se explicó que, si bien Argentina no puede detener directamente a los directivos de estas empresas, la existencia de una orden de captura podría generarles inconvenientes al transitar por aeropuertos.
Se mencionó la protesta realizada por el Reino Unido tras la aprobación de esta ley, subrayando la relevancia de la internacionalización de las sanciones para que las empresas afectadas consideren seriamente las consecuencias económicas de operar en territorios en disputa.