Se analizan las posibles sanciones a empresas que participan en la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en respuesta al discurso del presidente Javier Milei. Las empresas involucradas, como Sea Lion (compuesta por Rockhopper y Navitas Petroleum), afirman operar bajo licencias válidas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y cuentan con el respaldo del Reino Unido.
Las empresas consideran que los anuncios recientes no afectarán materialmente sus actividades. Se menciona que existen leyes argentinas, como la Ley 26.659 de 2011, que prohíben la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina y establecen sanciones e inhabilitaciones para los infractores.
Se señala que empresas como Rockhopper y Navitas Petroleum ya han sido sancionadas o inhabilitadas previamente por incumplimientos. Se menciona también la construcción de una base naval en Ushuaia, cuyo proyecto se inició en marzo de 2022, y la habilitación por parte del gobierno de la venta de un predio de la Armada.
Se cuestiona la viabilidad de aplicar sanciones con recursos limitados y se destaca que la decisión de sancionar empresas podría tener un costo para los argentinos. Se reitera la opinión de los excombatientes de Malvinas, quienes expresan desconfianza hacia las promesas del presidente.