Se advierte sobre el posible colapso del Poder Judicial debido a la implementación de la nueva ley penal juvenil, que podría incrementar las causas con menores involucrados entre un 30% y 40%.
Se critica que la ley no contempla la infraestructura necesaria y que se está "pasando el problema bajo la alfombra". Se menciona que el presupuesto de ley no incluye las inversiones necesarias para los centros de reclusión.