El gobierno argentino busca desincentivar la inversión en la cuenca de Malvinas mediante la amenaza de sanciones, afectando tanto la exploración como la provisión de servicios logísticos.
Se compara la situación con Vaca Muerta, donde la legislación actual no se adecúa a la realidad de la explotación de recursos, y se advierte a las empresas que proveen a las actividades en Malvinas que podrían enfrentar sanciones y perder oportunidades de negocio en Argentina.
La estrategia busca que las empresas elijan entre invertir en Malvinas o mantener sus operaciones en territorio argentino, ante el riesgo de perder su capacidad productiva en el país.