Se cuestiona la efectividad de la nueva ley penal juvenil, señalando la falta de inversión en el sistema penitenciario y la ausencia de profesionales para la reinserción social de los menores.
Se advierte que amontonar jóvenes en comisarías en mal estado podría generar más violencia y reincidencia. Se compara la situación con la de centros de menores ya desbordados.
Se plantea la necesidad de invertir en lugares de reclusión adecuados para enseñar a los menores a no repetir sus actitudes, reconociendo que la transformación es posible en ellos.