Se denunció el desmantelamiento de los medios públicos, con una reducción drástica de personal y vaciamiento de equipos. Los trabajadores de contenidos públicos pasaron de ser cerca de 270 a 80, y se les niegan tareas, obligándolos a cumplir un horario sin producción.
Se criticó la transmisión tercerizada del Mundial por parte de la TV Pública, generando un negocio para privados. Se mencionó la precarización salarial, con sueldos que apenas superan el millón de pesos para trabajadores con experiencia, y la persecución ideológica y gremial.
Se comparó la situación actual con épocas anteriores, donde se argumentaba la falta de producción para justificar despidos. Se cuestionó la falta de espacios para volcar contenidos y la privatización de eventos que deberían ser de acceso federal.