El gobierno de Donald Trump detuvo temporalmente la construcción de un megaproyecto de seguridad fronteriza de 1.700 millones de dólares en el Parque Nacional Big Bend, Texas, tras el rechazo de comunidades locales, nativas, guardaparques y autoridades judiciales.
Las obras, que incluían barreras, torres de iluminación y tecnología de vigilancia en un área de gran biodiversidad, generaron fuerte oposición por su impacto ambiental y la suspensión de leyes de protección. Organizaciones ambientalistas y tribus nativas recurrieron a tribunales para frenar la construcción, argumentando que el muro es innecesario en esta zona y que destruye un ecosistema natural.
Aunque la paralización momentánea de las obras representa un respiro, las comunidades y conservacionistas mantienen sus demandas legales para evitar que el muro fronterizo dañe uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de Estados Unidos.