Se critica la arbitrariedad con la que Gran Bretaña otorga permisos para inversiones en las Malvinas, a pesar de los reclamos de Argentina ante Naciones Unidas. Se considera una provocación, ya que el Reino Unido se ampara en su condición de potencia para llevar a cabo sus planes.
Se describe un doble juego británico: por un lado, la diplomacia donde pierden, y por otro, la acción operativa donde ejercen control. La decisión argentina de penalizar a las empresas busca limitar la viabilidad de estas operaciones.