Se cuestiona la inacción del gobierno de Javier Milei ante la posible violación de la ley de sanciones a empresas que operan en las cercanías de las Malvinas, a pesar de que la diputada Graciela Camaño advirtió sobre inconsistencias.
Se sugiere que el gobierno podría estar cometiendo el mismo error que critica a los ingleses, al "mirar para otro lado" y no aplicar la ley a sus propios beneficiarios del RIGI, lo que genera dudas sobre la seriedad de su postura respecto a la soberanía de las islas.