Se analiza la implementación del nuevo régimen penal juvenil, destacando que, si bien la ley está llena de buenas intenciones, su efectividad depende crucialmente de la asignación presupuestaria.
Se advierte que el presupuesto actual es insuficiente para cubrir las necesidades a nivel nacional, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde los institutos de menores ya están sobrepasados y carecen de personal. La falta de recursos afecta la capacidad de la justicia para ejecutar la ley de manera efectiva, incluyendo la falta de personal en fiscalías y defensorías oficiales.
Se subraya la importancia de la "caja negra" para las brigadas de drogas y la necesidad de construir cárceles que resocialicen, además de abordar problemas multicausales como la drogadicción y la falta de oportunidades para los jóvenes en conflicto con la ley.