El nuevo régimen penal juvenil contempla penas alternativas para delitos con penas de hasta 3 años, como tareas comunitarias o programas educativos. Para delitos más graves, se prevé privación de la libertad en institutos especializados, separados de adultos, con un máximo de 15 años y prohibición de prisión perpetua. Se advierte sobre la posible saturación de causas y la necesidad de recursos.
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