Se cuestiona la falta de difusión y la posible ocultación de la exploración petrolera en la zona de las Malvinas desde 2010. A pesar de una ley de sanciones, esta no contemplaba cambios de accionistas o absorción de empresas, permitiendo que la exploración continuara.
Estos proyectos requieren una inversión superior a 1.800 millones de dólares, y se espera que la decisión actual del gobierno argentino de penalizar a las empresas involucradas frene o reduzca la viabilidad de estas operaciones, considerándolas esenciales en la disputa por las islas.