Once partidos y plataformas opositoras de Nicaragua denunciaron que una reciente reforma constitucional podría socavar la soberanía popular del país.
Las agrupaciones cuestionaron la reforma, argumentando que extiende mandatos, permite nombramientos directos y limita los controles institucionales, lo que consideran una ruptura del orden constitucional.
En un comunicado dirigido a la población nicaragüense, la OEA, la ONU y organismos de derechos humanos, sostienen que el proceso legislativo careció de validez jurídica y que la reforma consolida la concentración de poder y la exclusión de la oposición.