El gobierno nacional implementó sanciones contra empresas que buscan explotar petróleo cerca de las Islas Malvinas, generando un impacto significativo en el mercado internacional.
Tres grandes empresas de servicios petroleros, SLB, Baker Hughes y Jali Barton, anunciaron que no participarán en el proyecto Sea Lion, que ya cuenta con una inversión de 1.800 millones de dólares, debido al litigio territorial y las advertencias de Argentina.
La decisión de estas empresas se alinea con la postura de Argentina, que considera que la explotación en aguas en disputa viola la soberanía nacional y las resoluciones de la ONU que prohíben innovar en el territorio.
El canciller argentino celebró la adhesión de estas empresas a la postura nacional, destacando que la inversión en el proyecto se vuelve inviable ante la falta de servicios y la dificultad para comercializar el petróleo extraído.
Se menciona que la estrategia argentina, trabajada desde antes de la asunción de Milei, involucra a diversos actores del Estado, incluyendo la SIDE, el Consejo de Seguridad y el Congreso, para impulsar la legislación de sanciones y proteger la soberanía sobre las islas.