Se denuncia una presunta operación mediática orquestada por el gobierno y figuras cercanas, como Galperín, para desacreditar las críticas sobre la situación económica.
Se señala que se estaría tildando a los deudores y a quienes expresan sus dificultades como "operadores mediáticos", desviando la atención de los problemas reales.
Se cuestiona la estrategia del gobierno de desestimar las quejas ciudadanas, sugiriendo que se busca minimizar la percepción de una crisis económica.