El gobierno nacional ha intervenido el puerto de Ushuaia, generando preocupación por la posible entrega del acceso al Atlántico Sur a los estadounidenses mediante la venta de tierras adyacentes.
Adicionalmente, se denuncia la violación de la normativa nacional por parte de un buque petrolero británico, lo que contrasta con las recientes declaraciones de Javier Milei sobre la aplicación de regulaciones.
Se recuerda que la normativa argentina de 2011 y 2013, impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner, establece fuertes sanciones para empresas petroleras extranjeras que operen en la plataforma continental.