Legisladores han confundido la parte visible de los circuitos delictivos con la totalidad de los mismos, enfocándose en robos menores como el de celulares. Se critica la falta de control en la venta de teléfonos usados, ya que no se solicita el DNI a quienes venden múltiples aparatos, dejando puntos de venta como el de Nueva Pompeya operando sin restricciones.
Se cuestiona la efectividad del debate legislativo sobre la seguridad, calificándolo como "populismo penal". Se argumenta que algunos políticos prometen medidas drásticas, como la pena de muerte o el "plan Bukele", para ganar votos, sin tener la capacidad real de implementarlas.
Además, se señala la inacción en los últimos seis meses, un periodo de "vacancia", donde no se han tomado medidas concretas para abordar la problemática de la delincuencia juvenil.