Se profundiza el debate sobre la nueva ley penal juvenil, criticando la falta de preparación del sistema judicial y la ausencia de planes de reinserción. Se señala que la ley no es dura con los adultos que utilizan a menores en el delito, a pesar de los convenios internacionales. Se argumenta que el problema no es la dureza de la ley para los menores, sino la permisividad hacia los adultos que los involucran en actividades delictivas.
Se mencionan estadísticas sobre delitos juveniles, indicando que el crecimiento se da en la utilización de menores en circuitos delictivos organizados por adultos. Se enfatiza que la ley debería ser más severa con los adultos que emplean a menores, ya que los casos de homicidio cometidos por jóvenes de 14 años a menudo están relacionados con robos y son instigados por adultos.
Se compara la ley actual con regímenes anteriores, como el de 1976, que fue un "horror" y tuvo que ser revocado. Se cuestiona la efectividad de la ley y se plantea que la justicia debería ser más dura con los adultos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores, en lugar de endurecer las penas para los adolescentes.