Entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de punibilidad a 14 y 15 años, permitiendo que los menores que cometan delitos puedan ser juzgados y, en ciertos casos, cumplir penas similares a las de adultos.
La diputada Laura Rodríguez Machado, impulsora de la ley, aclaró que no se trata de cárceles comunes y que la prisión es la excepción, priorizando penas alternativas y la reinserción social. Se contempla un menú de penas que incluyen tobilleras electrónicas, prohibición de acercamiento a víctimas y tareas comunitarias.
Marcos Gómez, padre de Kim Gómez, víctima de un caso emblemático que impulsó la ley, expresó su conformidad con la medida, aunque señaló que la educación es el camino fundamental y que la ley por sí sola no erradicará el delito.
La ley busca diferenciar el tratamiento de los menores infractores, con programas de resocialización, estudios, capacitación laboral y atención a la salud mental y familiar. Se crea la figura del supervisor para acompañar al menor en el proceso.
Si bien algunas jurisdicciones están mejor preparadas que otras, se espera que la adaptación del sistema judicial provincial sea un proceso gradual. La nueva ley reemplaza a una de 1980, considerada obsoleta y carente de un enfoque de reinserción.