Entró en vigencia una nueva ley penal juvenil que establece la edad de imputabilidad a partir de los 14 años, con condenas que pueden alcanzar los 15 años. Surge la preocupación sobre dónde alojar a estos menores, ya que no pueden ser internados en unidades carcelarias para mayores de edad, lo que implicaría la creación de espacios específicos.
Se debate el cambio de un sistema de responsabilidad tutelar a uno de responsabilidad penal, donde los menores de 14 años en adelante son punibles. Se mencionan delitos como robo a mano armada, abuso sexual, crimen y homicidio, y la potestad del juez para someterlos a detención. Se cuestiona si los menores comprenden el daño que causan o si utilizan su inimputabilidad a favor.
Se advierte que la justicia no está preparada para el previsible aumento de causas, estimando un incremento del 30% al 80%, lo que podría llevar al colapso judicial. La ley, similar a una de 1976 que duró siete años, es criticada por ser una solución a medias, ya que no se han creado las unidades de alojamiento necesarias y no hay un plan de reinserción social. Se plantea la duda sobre la efectividad de las condenas y la posibilidad de que estos jóvenes, a pesar de ser penalmente responsables, sigan siendo emocionalmente adolescentes.