Entró en vigencia la nueva ley penal juvenil que establece la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La medida genera debate sobre la capacidad del sistema judicial y penitenciario para albergar a los menores infractores.
Se estima un aumento del 80% en las causas judiciales relacionadas con menores, lo que podría llevar al colapso de la justicia en algunas jurisdicciones. Además, surge la preocupación sobre dónde alojar a estos jóvenes, ya que no pueden ser internados en unidades penitenciarias comunes.
Expertos señalan la necesidad de un plan de reinserción social y advierten que, a pesar de la responsabilidad penal, los menores de 14 años siguen siendo emocionalmente adolescentes. Se cuestiona la efectividad de la ley si no se abordan las causas subyacentes de la delincuencia juvenil.