Entró en vigencia la nueva Ley Penal Juvenil, que baja la imputabilidad de 16 a 14 años, reemplazando la ley de minoridad de 1980.
La nueva ley establece un sistema con penas de prisión para delitos graves, con un tope de 15 años para menores de 14 a 16, y contempla también amonestaciones, reparación de daños, probation y servicios comunitarios para delitos menores.
La medida fue celebrada por el oficialismo, con posteos de Patricia Bullrich y Luis Petri en redes sociales, quienes enfatizaron el fin de la impunidad y la reducción de la delincuencia juvenil.
La ley también prevé la creación de un régimen de minoridad con centros específicos para menores infractores, con partidas presupuestarias asignadas, como los 18 mil millones de pesos destinados a la provincia de Córdoba para el complejo Esperanza. La efectividad de la ley dependerá de la dotación de recursos suficientes para juzgados y organismos de seguimiento.