Entró en vigencia la nueva ley penal juvenil que fija la edad de imputabilidad en 14 años, permitiendo condenas de hasta 15 años para delitos graves como homicidio, robo y abuso sexual.
Se plantea la problemática de dónde alojar a los menores infractores, ya que no pueden estar en unidades carcelarias con adultos. El Poder Judicial estima un aumento del 80% en las causas, lo que podría llevar al colapso del sistema judicial.
Se cuestiona la falta de un plan de reinserción social para estos adolescentes, quienes, a pesar de ser penalmente responsables, siguen siendo emocionalmente adolescentes y requieren un abordaje específico.