La implementación de la nueva Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ha generado opiniones divididas en la sociedad argentina. Mientras algunos sectores la consideran necesaria para abordar la delincuencia juvenil, otros expresan preocupación por sus posibles consecuencias.
El abogado penalista Gastón Francone explica que el espíritu de la ley es mejorar el sistema, pero reconoce que su efectividad se evaluará con el tiempo. La ley busca diferenciar el tratamiento de los menores infractores, evitando la estigmatización y priorizando su reinserción, aunque persisten dudas sobre su aplicación en casos de delitos graves.