Se detallaron las novedades de la ley 27801, que introduce cambios en la aplicación de penas para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Para delitos menores a tres años de expectativa de pena (amenazas, lesiones leves, daños, hurtos), la ley prohíbe la prisión automática. En delitos intermedios (entre tres y seis años), como los relacionados con estupefacientes o armas, se buscan sanciones no privativas de la libertad, como amonestaciones, multas o trabajo de utilidad pública, promoviendo la mediación y la suspensión del proceso a prueba.
Para delitos graves (contra la vida, abusos, armas de fuego), se contemplan penas de reclusión en centros cerrados con un tope máximo de 15 años, que puede reducirse por buena conducta. La ley baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, incrementando en un 2-3% los delitos graves según la Corte Suprema. Sin embargo, se incorporan delitos leves (lesiones en riña, amenazas) en la franja de 16 a 18 años, lo que podría generar un aumento estimado del 80% en el volumen de casos leves.
Para gestionar esta carga, se prevé el uso de equipos interdisciplinarios y salidas alternativas de justicia restaurativa, aunque se advierte sobre la posible falta de recursos y personal para cubrir la demanda.