La nueva Ley Penal Juvenil introduce una novedad relevante: la responsabilidad civil de los padres por los daños y perjuicios causados por sus hijos menores de edad. Esto significa que los bienes de los progenitores podrían ser embargados para resarcir a las víctimas de delitos cometidos por sus hijos.
Esta medida busca generar un mayor control y compromiso por parte de las familias en la educación y comportamiento de los jóvenes. Sin embargo, se reconoce que muchos delincuentes menores no poseen bienes a su nombre, lo que podría limitar la efectividad de esta disposición en la práctica.