El gobierno de Perú, bajo el ejecutivo de Keiko Fujimori, decretó estado de emergencia en cinco cárceles de alta seguridad por un periodo de 60 días. La medida busca fortalecer la seguridad ciudadana.
La policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, controlará las instalaciones y un perímetro de 200 metros. Se suspenden derechos como la libertad de tránsito y reunión. El objetivo es garantizar la seguridad en el exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato.