Se cuestiona la efectividad de la reciente baja en la edad de imputabilidad a 14 años, considerándola una medida superficial ante problemas sociales y de justicia más profundos.
Se argumenta que la medida, impulsada por Patricia Bullrich, podría ser una "movida electoralista" que no aborda las causas estructurales de la delincuencia juvenil, como la pobreza, la drogadicción y las deficiencias en la aplicación de la ley.
Se hace referencia a la experiencia de otros países donde la baja de la edad de imputabilidad no ha arrojado resultados positivos y, por el contrario, ha dificultado la reinserción social de los jóvenes.
Se sugiere que la medida es un "manotazo de ahogado" para dar una respuesta a la preocupación social por la delincuencia, sin resolver los problemas de fondo que requieren un abordaje integral.