Se analiza la efectividad de las medidas para delitos menores, donde las penas de hasta tres años contemplan sanciones no carcelarias como trabajos comunitarios o monitoreo electrónico.
Se cuestiona la implementación de estas medidas, señalando que el país tiene listas de espera para tobilleras electrónicas y que el control de las reglas de conducta sería difícil de aplicar.
Se plantea la duda sobre quién determinaría el incumplimiento de estas reglas y qué sucedería en caso de que se confirme, indicando que la aplicación de la ley no sería efectiva.