Se debate la complejidad de sacar a empresas del RIGI una vez admitidas, especialmente si se incumplieron normativas. Se menciona la posibilidad de que las empresas inicien juicios en tribunales internacionales (CIADI) si se las excluye, lo que podría generar costos adicionales para Argentina.
Se sugiere que la solución podría ser que la empresa retire al accionista infractor o venda su parte. Sin embargo, se advierte que esto no exime de la sanción al funcionario público que permitió el ingreso irregular. La situación genera incertidumbre sobre cómo se resolverán estos casos y las posibles consecuencias legales y económicas.